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Servidores de la nación


Alberto Aguirre - 10/10/18 2:45 PM




SIGNOS VITALES

Servidores de la nación

Es buena noticia que el Censo del Bienestar esté en marcha. Sobre su pertinencia y validez, empero, hay dudas y sobre todo sospechas. ¿Cuál sería el sustento legal para que “voluntarios” soliciten —y obtengan— datos personales, a nombre del “gobierno electo”? ¿Y el INAI autorizó ese ejercicio?

Los “servidores de la nación” cumplieron su primera quincena de trabajo. Un ejército de 20,000 voluntarios reclutados por los coordinadores estatales de los Programas Integrales de Desarrollo. El comandante de esta tropa es Gabriel García Hernández, quien simultáneamente ocupa la Secretaría de Organización del CEN de Morena.

Durante dos meses, estos voluntarios barrerán el país. Para mediados de noviembre habrán completado la faena. ¿Y también entonces les habrán pagado sus emolumentos? En la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por el ex senador oaxaqueño, Eviel Pérez Magaña, tendrían listas las suficiencias presupuestarias para asumir ese oneroso gasto.

Hace un año, a propósito de los sismos que afectaron a la región sur-sureste del país, brigadas de funcionarios federales caminaron por amplias zonas del Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas para levantar censos y detectar daños. En la Ciudad de México, brigadistas de la administración que entonces encabezaba Miguel Ángel Mancera, recorrieron delegaciones del sur de la capital de la República, con los mismos objetivos.

Antes, incluso, el Inegi había convocado a académicos y especialistas a una consulta pública sobre el Censo de Población y Vivienda que su personal levantará en el 2020. Las capacidades técnicas del organismo encabezado por Julio Santaella fueron desdeñadas por el equipo de transición. “Seremos respetuosos de su autonomía y esperamos que nuestras decisiones no les generen mayores inconvenientes”, explicó recientemente la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante los comisionados de dos instancias de ese tipo.

Salvo los ejercicios que siguieron a la contingencia, un barrido “casa por casa” implica —de acuerdo con demógrafos y estadísticos consultados para elaborar este texto— definiciones precisas sobre los periodos del levantamiento (si se realiza en paralelo en todos los estados o en fechas distintas), la duración de capacitación y los días entre que ésta finalizaría y el inicio del censo, la logística de campo (si se aplicarán cuestionarios en papel o se utilizarán dispositivos electrónicos), si habría o no encuesta de cobertura y sesgos, la mecánica de supervisión (y sus consecuencias), la detección de los informantes adecuados para responder el censo…

La mayoría de la “población objetivo” de los programas sociales del gobierno federal habita en localidades rurales aisladas —son más de 180,000 localidades menores a 2,500 habitantes; de éstas, 40,000 con dos hogares o menos (10 personas en total) y otras 40,000 alejadas de centros urbanos y carreteras— y el censo es la única forma de conocer las necesidades de la población, pero tales ejercicios requieren tiempo, planeación y mucha supervisión de campo.

El Censo de Bienestar buscaría identificar a los beneficiarios de la política social del nuevo gobierno, pero ¿los “servidores de la nación” están bien capacitados y respetarán el marco legal vigente en materia de acceso a la información y protección de datos personales? A nombre del grupo parlamentario del PAN, el senador Damián Zepeda Vidales advirtió que en estas definiciones deben considerarse los lineamientos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las recomendaciones de instituciones especializadas y ONG.

“No sabemos quiénes les están pagando a estos servidores de la nación, suponemos deben de tener algún tipo de salario, ¿de dónde sale?, ¿proviene también del mismo partido o se les pagará posteriormente?”, cuestionó la senadora veracruzana Indira Rosales San Román.

La legisladora sospecha que los “servidores de la nación” son militantes de Morena. Y —de ser el caso— “significaría que un grupo de un partido político estará realizando una encuesta a todos los mexicanos, para posteriormente incluirlos dentro de un programa social con gobierno público. Esto sería totalmente contrario a lo que marca la Constitución”.

“El nuevo gobierno no ha clarificado cuál es el sustento legal y normativo de este ejercicio. Construir un registro nacional para asignar transferencias y apoyos sociales es urgente y necesario. Es una buena iniciativa que debe hacerse bien. Debe realizarse conforme a estándares técnicos y de transparencia, de rendición de cuentas muy altos y precisos”, opinó por su parte, Rogelio Gómez-Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. “Actualmente se carece de atribuciones, responsabilidad institucional y marco normativo”.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿MONTONEROS? Mucho extrañan entre la fuente que cotidianamente cubre las actividades del presidente electo a César Yáñez Centeno. Y es que con la llegada de Jesús Ramírez Cuevas como vocero de AMLO, los malos entendidos son constantes, desgastantes. En gira, la logística queda supeditada a los buenos oficios de David León, ex secretario particular de Manuel Velasco, y la agenda, al equipo del exreportero, que además procura audios, videos y versiones estenográficas, cuando es posible. Las omisiones y los retrasos han sido la constante desde hace un mes, pero la gota que derramó el vaso cayó luego del road mediático de Ramírez Cuevas para informar las fechas y la modalidad de la consulta sobre el NAIM, que dejó sin efectos la conferencia de prensa que ofrecería mañana el futuro titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú. Ante los reclamos, no respondió llamadas ni mensajes por las redes sociales. “Ya mejor haré guardia afuera de Radio Fórmula”, comentó irónico un colega. Justo la colaboración y la camaradería de los reporteros ha hecho este periodo más transitable.



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