En Baja California se violentó el orden constitucional con la reforma que amplía de dos a cinco años el periodo de mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo, y la Cámara de Senadores está obligada a intervenir para determinar si se configura la desaparición de poderes, afirmó Jaime Cárdenas Gracia.

Y llamó al diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien planteó el fin de semana la necesidad de desaparecer los poderes en aquella entidad federativa para restituir la legalidad, a hacer la petición formal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Senado conozca de las causas del caso.

El constitucionalista y doctor en Derecho explicó que, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 76 de la Constitución, sí procede desaparecer los poderes en Baja California porque, entre otras razones, se contravino el principio republicano que implica que los gobernantes son electos por cierto tiempo.

Por su parte, la senadora bajacaliforniana Alejandra León Gastélum (del PT) pidió por escrito al presidente de la Mesa Directiva que el Senado se pronuncie públicamente en contra de la citada reforma.