Edomex

El Congreso del Estado de México tomó medidas para proteger a las mujeres y evitar que sus agresores queden impunes. Decidió modificar el Código Penal local para castigar con hasta 10 años de prisión a la persona que realice una agresión con ácido, químicos, sustancias corrosivas o inflamables. Hasta ahora, el delito se castigaba solo con 6 meses de prisión y 60 días de multas, por lo que muchos agresores evadían a la justicia.

CDMX

En CDMX Aprueban Ley Olimpia. La Ley Olimpia sanciona la violencia digital en la capital del país; se contempla cárcel de 4 a 6 años para quienes graben, filmen o elaboren fotos, audios o video de índole sexual sin el consentimiento de la persona.

Las penas por amenazas o extorsión para difundir el contenido íntimo incrementan hasta tres años. El documento establece que la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, emitida por la Secretaría de Gobierno, sea en un periodo máximo de 10 días naturales, para enfrentar la violencia feminicida.

Ley Ingrid

En Colima ya puso en vigor su propia Ley Ingrid (una reforma similar en su Código Penal), que castiga hasta con seis años de prisión a quien difunda, entregue o publique cualquier tipo de información del lugar de los hechos o del hallazgo de un delito, así como de cadáveres o parte de ellos. La sentencia aumentará a ocho años si se trata de un servidor o servidora pública. 

Luego del lamentable feminicidio de Ingrid Escamilla que ha causado indignación en México, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó un proyecto de ley al Congreso para crear el artículo 293 Quater, con el que se busca sancionar a los servidores públicos que filtren información de una carpeta de investigación en trámite

La justificación de esta normativa surge a partir de la filtración de las imágenes de Ingrid Escamilla en redes sociales, ocurrido el 9 de febrero a manos de su esposo Erick Francisco ‘N’.

La Ley Ingrid contempla una pena de hasta ocho años de cárcel, por difundir este tipo de información, y el doble (16 años) si quienes lo hacen son funcionarios y funcionarias públicos.