Alberto Aguirre
Fueron 41, no los 43 votos que se requerían en el Senado de la República para frenar la aprobación de minuta de la reforma constitucional que reconfigura al Poder Judicial federal. La irrupción en el recinto legislativo y el cerco policiaco a la casona de Xicoténcatl degradaron la marcha triunfante de la aplanadora oficialista.
La cúpula morenista quiere entregar, antes del 15 de septiembre, su regalo de despedida para Andrés Manuel López Obrador. El Constituyente Permanente —que incluye a las 32 legislaturas estatales— debe validar la iniciativa de reforma, antes de su promulgación.
Ni siquiera habían pasado tres horas de la sesión en el Senado, cuando el Congreso de Oaxaca concedió la aprobación. Al cierre del 11/9 ya se contaba con una decena de avales de legislaturas donde Morena es mayoría, aunque hubo un precedente en contra, en Querétaro.
La comisión de puntos constitucionales del Congreso de Querétaro procesó la minuta turnada desde San Lázaro y la mayoría panista la desechó. La Legislatura saliente mantiene mayoría panista y ha privilegiado la agenda marcada por el gobernador, Mauricio Kuri. El rechazo al llamado “Plan C” avanzó en la misma ruta que otras decisiones recientes —la designación del fiscal y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entre ellas— en las que no se privilegió la construcción de consensos.
Y lo peor: la sesión para aprobar los nombramientos debió realizarse en una sede alterna al Palacio Legislativo, que tuvo que ser resguardado por las fuerzas del orden.
Los granaderos también fueron apostados en las inmediaciones del Congreso de Puebla, donde empleados del Poder Judicial federal trataron de impedir la sesión convocada para avalar la reforma constitucional. En Yucatán y Baja California hubo roces entre los manifestantes y los policías, que en Mexicali obligaron a cancelar los trabajos legislativos.
La falta de condiciones de seguridad también fueron esgrimidas por las minorías opositoras en Sinaloa. En Culiacán, agravadas por la reciente escalada de violencia, que obligó incluso a la suspensión de clases y a una disminución de las actividades comerciales.
Los contingentes están integrados, en su mayoría, por trabajadores del Poder Judicial.
Es el despliegue del “Plan D” que incluye entre sus siete puntos: un “cerco pacífico” al Senado de la República, mantener el paro laboral en los 32 circuitos judiciales y extender la presión en los congresos estatales.
Efectos secundarios
¿OLVIDOS? En la Condusef han comenzado a acumularse quejas contra AsisMed, un seguro médico que tienen entre su membresía a trabajadores jubilados y sus familiares que sirvieron en distintas instituciones bancarias. La negativa de proveer servicios médicos contemplados en los contratos, pero sobre todo una peculiar definición de las “verdaderas funciones” de médicos tratantes, enfermeras y cuidadoras de los pacientes, llevará a los agraviados a interponer una acción colectiva ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
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