La simplificación orgánica sancionada por el Congreso de la Unión hará que una generación de transparentólogos pase a retiro con la extinción del Inai y de los 32 órganos estatales garantes del acceso a la información y la protección de los datos personales.
El pasado lunes 16, en la última sesión del Sistema Nacional de Transparencia, el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá Méndez, hizo un corte de caja: “tocamos todas las puertas que fueron posibles, en el ánimo de transitar hacia el mejor modelo y con el firme propósito de no dejar a nadie atrás”. En esa misma sesión, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas reveló que el funcionario ya se había reunido con Raquel Buenrostro, titular de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“La moneda está en el aire. (Nuestra última sesión) Puede ser enero, o febrero… o el 7 de marzo. Los 90 días”, agregó. Aludía al plazo estipulado en el decreto de la reforma, de hasta 90 días, para la extinción del Inai. “Vamos a seguir, el tiempo que nos quede. Y entregaremos las llaves”.
“Hoy tenemos la oportunidad de reinventarnos”, dijo por su parte la comisionada Josefina Román Vergara, quien decidió no esperar más y aplicó a dos puestos: auditora del gobierno del Estado de México —no fue seleccionada en la terna— y magistrada del Poder Judicial Federal.
Al día siguiente, los cuatro integrantes del Pleno del Inai desahogaron la última sesión del 2024, sin novedades. Pero ayer, sorpresivamente, fueron convocados —vía electrónica— a una reunión extraordinaria por la secretaria técnica, Ana Yadira Alarcón, para resolver sobre el Programa Especial de Terminación Voluntaria de la Relación Laboral, que les adjuntó en un archivo electrónico.
La Cámara de Diputados asignó 499 millones de pesos al Inai para el ejercicio presupuestal 2025. El Pleno del Instituto había requerido 993 millones —9.4% menos que lo autorizado el año anterior— y contempló una reducción de 23% en el gasto operativo, además de un ajuste en la estructura orgánica que permitiría un ahorro de 54 millones de pesos en el capítulo de servicios personales.
De acuerdo con la propuesta circulada ayer por la tarde, se destinarían 50 millones de pesos para cubrir el retiro voluntario de aquellos que resultaran elegibles al programa. Ese monto equivale a lo erogado desde el 2017 a sufragar los sueldos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, compuesto por cinco integrantes, quienes perciben 120,000 pesos mensuales.
La plantilla laboral es de 759 empleados, de los cuales 405 son mandos medios. Pero sólo podrían acceder al “pago de la compensación por la terminación voluntaria de la relación laboral” aquellos que tuvieran una plaza de estructura —lo que excluiría a 24 empleados eventuales y otros 69 contratados por honorarios— con una antigüedad mínima de seis meses de servicios continuos.
Si bien la participación sería voluntaria, sólo podría ser beneficiario del programa hasta la mitad del personal adscrito a una unidad administrativa. Los superiores jerárquicos decidirían al personal elegible, apegados a ciertos condiciones y criterios de ponderación. ¿La excepción? Aquellos que hubieran promovido algún juicio contra el Instituto en el que aún no se haya emitido resolución firme o ejecutoriada.
Los comisionados del Inai no alcanzaron un acuerdo sobre la aplicación del Programa Especial y quedó cancelada la sesión extraordinaria... hasta nuevo aviso.
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