En 2022, en el país únicamente hubo 72 adopciones, a pesar de ser el país con más huérfanos en Latinoamérica.
Entre enero y junio del 2022, 22.64% de las solicitudes de adopción{on fueron otorgadas por el Sistema para el desarrollo integral de la familia. En INEGI reportó que hay 30 mil niños, niñas y adolescentes que viven en centros de asistencia social. El número de adopciones acumuladas representan el 3.44%.
En todo 2020, en México se concluyeron solo 23 adopciones de menores de edad ante el SNIF. Para darnos una idea de la cifra, en la capital argentina de Buenos Aires (con 16.6 millones de personas) se realizaron en el mismo año 107 adopciones. Y en Estados Unidos (con 328 millones de habitantes) en 2019 fueron 66,000, de acuerdo con sus datos oficiales.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –aprobada en 2014, después del escándalo de Mamá Rosa, quien lucró con los donativos que conseguía para su albergue en Michoacán– establece que el Sistema Nacional DIF (SNDIF) debe contar con un “registro, permanentemente actualizado, que incluya niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción”.
Sin embargo, al preguntarle al SNDIF, vía transparencia, por las estadísticas de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia, éste dio cuenta únicamente de los menores que están bajo su cuidado directo en los seis centros que maneja, que para 2020 sumaban 185; una cifra alejada de los 26,000 menores de 15 años que el INEGI contabilizó en casas hogar en el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015.
Los trámites de adopción están rodeados de mucha corrupción y discrecionalidad
Los obstáculos administrativos para que se realicen adopciones provocan el estancamiento en los juicios. Los niños llegan recién nacidos y para cuando tienen cinco años no han sido adoptados.
Esto representa una omisión a una ley nacional, sino una violación a los Derechos de la Niñez, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas desde 1959, entre los que se encuentra el derecho a vivir en familia.
Para combatir estas redes urge una ley nacional de adopciones que facilite la adopción de los niños y niñas para que éstos puedan vivir en familia y pasen el menor tiempo posible institucionalizados, pero también para homologar los procesos en todo el país; que exista un padrón de niños y niñas en instituciones; y se transparente cuántos de ellos son susceptibles de ser adoptados.
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