Estoy en contra de la propuesta del proyecto.

En primer término, debo referirme a la metodología elegida, ya que me parece que la división de los temas afectará el resultado de la discusión, iniciar el análisis del tema de competencia aislado del tema de la invasión de esferas de otras materias, como la seguridad pública, y aun de la regulación específica de la seguridad interior como un tema de seguridad nacional, preconstituye votaciones de validez derivadas de una discusión puramente formal, para después utilizar éstas como apoyo y fundamento para declarar la validez en los temas sustantivos de la competencia. Es por ello que, a diferencia del proyecto, haré un análisis y posicionamiento integral del tema para pronunciarme sobre la competencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia.

Normalización del uso de las fuerzas armadas en tiempos de paz

Art. 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno 3 de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Este artículo determina  que las fuerzas armadas no pueden ejercer en tiempos de paz más funciones que aquellas que tengan estricta conexión con la disciplina militar.

De acuerdo con la fracción VIII del artículo 89 el Presidente de la República tiene la facultad de declarar la guerra, asimismo, tiene la posibilidad de iniciar la declaración de suspensión de derechos, establecida en el artículo 29, en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, también con aprobación del Congreso. La disposición de las fuerzas armadas por parte del Presidente de la República debe darse únicamente en este contexto.

En resúmen para que el Ejecutivo pueda disponer de las fuerzas armadas para esas finalidades, requiere forzosamente de una declaración de guerra o una declaración de suspensión de derechos. En este contexto, me parece un error de apreciación mezclar el concepto de seguridad nacional con la facultad originaria de disposición de las fuerzas armadas.

Por ello, no puedo aceptar la interpretación “moderna” de la seguridad nacional del proyecto, la que si bien puede comprender el “ámbito interno”, la “supremacía interna”, la “salvaguarda del Estado como entidad soberana” o el carácter  dinámico del concepto de seguridad nacional, de ninguna manera puede alcanzar a comprender el concepto de seguridad interior como el objeto para la disposición de las fuerzas armadas.

Debo ser claro en esto. El legislador sí puede legislar en materia de seguridad nacional y esta facultad puede no agotarse en una sola ley, sino que puede desarrollarse en leyes diversas por el plural “leyes” de la fracción XXIX-M; estas leyes, a su vez, pueden tratar la vertiente interna o externa de la seguridad nacional

Lo que de ninguna manera puede hacer el legislador es pretender incorporar los objetivos de la disposición de las fuerzas armadas por parte del Ejecutivo Federal.

La pretensión de incorporar el concepto de seguridad interior en el de seguridad nacional, emitiendo 8 una ley fundamentada, no solamente en la fracción XXIX-M del artículo 73, sino también en la fracción VI del artículo 89, encubre la regulación legislativa de la disposición de las fuerzas armadas en tiempos de paz, con la clara consecuencia de invadir una facultad exclusiva del Presidente de la República y de desconstitucionalizar los supuestos que la restringen. En este sentido, la vulneración constitucional es doble.

En conclusión considero que el legislador federal no tiene competencia para emitir una Ley de Seguridad Interior que pretenda regular la facultad de disposición de las fuerzas armadas de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución. Esto no significa que el legislador no pueda emitir una ley que regule el aspecto interno de la seguridad nacional o que existan aspectos de la Ley de Seguridad Interior que así lo hagan. Sin embargo, al incorporar la disposición de las fuerzas armadas, la racionalidad de la Ley se encuentra comprometida, su pretensión es inconstitucional, así como su ejecución, por lo que creo que la misma debe ser declarada invalida por falta de competencia del legislador.

Consultar documento completo

not20181113