El costo social de restringir el acceso a la educación sexual sería enorme, principalmente para los niños, niñas, víctimas de abuso sexual y la comunidad LGBTQ. Tec de Monterrey

El pin parental es una propuesta controversial, con el potencial de restringir el derecho a la educación sexual dando poder de veto a las familias

Segob, Salud y SEP piden a congresos estatales no aprobar iniciativas de “Pin Parental”; viola derechos, dicen

La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que las iniciativas legislativas estatales como el “Pin Parental” podrían impedir que niñas y niños reciban educación sexual y reproductiva, y además, contradicen el derecho a la educación laica y científica.

Estas leyes presentadas al menos en cinco congresos estatales, permitirían a los padres de familia participar en los contenidos educativos, cuando estos no coincidan con sus “convicciones éticas, morales o religiosas”, indicó la Segob en un comunicado.

“Autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género”, añadió.

La dependencia federal detalló que, de aprobarse dichas leyes, podrían considerarse inconstitucionales y serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez.

En este sentido, se enviará a los 32 dos congresos locales un documento donde se expondrán los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica, así como referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México, los cuales defienden el derecho a la educación de niñas y niños.

“Este documento también desarrolla un análisis de las consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como “Pin Parental”: incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras”, explicó la Segob.

Finalmente, la Segob resaltó que el “Pin Parental” niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.

El texto fue firmado por las secretarías de Gobernación, Educación y Salud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes exhortaron a los congresos locales a poner los derechos de los menores por encima de los intereses de sus padres.

Tres problemas que se acentuarían con un “pin parental”

De acuerdo con el Tec de Monterrey:

• Detección oportuna del abuso sexual infantil.
• Concientización sobre la salud reproductiva de la mujer y el número de embarazos infantiles y juveniles.
• La invisibilidad de niñxs no heteronormadxs y el acoso escolar.

En Chihuahua, Ciudad de México y Querétaro también se presentaron iniciativas parecidas al “Pin Parental”, no obstante, fueron turnadas a comisiones por lo que siguen activas;  en Nuevo León dichas reformas fueron desechadas el 29 de mayo.