VEME Digital » » Pactos de impunidad

Pactos de impunidad


By VEME - 02/24/21 9:09 AM




SIGNOS VITALES

Alberto Aguirre

La Cuarta Transformación generó una clase de funcionarios públicos como Ignacio Ovalle, titular de Segalmex, que cobra sueldo en Liconsa y Diconsa; o Javier Delgado, quien al mismo tiempo devenga salario en FOCIR, Firco y AgroAsemex. La concentración de funciones generada por la compactación del aparato burocrático era una consecuencia de la austeridad republicana.

El ejercicio simultáneo de cargos de elección popular es otra cosa. Y en la intercampaña del 2021, abundan los ejemplos. Allí están el cúmulo de senadores que sin dejar sus escaños compitieron por las candidaturas para gobernador y estarán en las boletas electorales, el próximo 6 de junio.

Allí están también los alcaldes panistas Enrique Vargas del Villar, en Huixquilucan, Estado de México; y Tere Jiménez, de Aguascalientes capital, quienes están próximos a dejar sus cargos edilicios para competir por posiciones legislativas.

Morena también tiene casos similares. Carmen Medel Palma es diputada federal y podría optar por la elección consecutiva. O ser postulada a la alcaldía de Minatitlán, Veracruz. O competir por una diputación local. Mientras elige por cuál vía correrá, ya promociona su imagen a través de los medios alternativos.

En el extremo opuesto se ubica Ricardo Raúl Baptista González, quien el año pasado dejó su curul en el Congreso de Hidalgo para competir por la alcaldía de Tula. Su candidatura en las elecciones extraordinarias fue impugnada y finalmente autorizada por el Tribunal Electoral, pero tanto resolvían los magistrados electorales tuvo que suspender su campaña por motivos de salud (se contagió de la Covid-19). Con todo, resultó el segundo candidato más votado, lo que le dio acceso al cabildo de aquella urbe, como primer regidor.

En esta temporada electoral, el dirigente izquierdista —economista de profesión y exasesor de organizaciones sindicales— buscaría una candidatura a diputado federal. Los requisitos de elegibilidad lo obligan a separarse del cargo, 90 días antes de la elección, es decir dentro de dos semanas.

Pero el cabildo de Tula, presidido por el exdirigente estatal de PRD, Manuel Hernández Badillo, se niega a sesionar para autorizar la solicitud tramitada por Baptista González, actualmente diputado local con licencia, quien podría quedar al margen de la contienda electoral si la contraloría del Congreso confirma la denuncia en su contra, basada en presuntas irregularidades administrativas.

Vetado en Hidalgo, el líder morenista ha sido un incansable promotor de la alternancia política en aquella entidad desde hace 25 años. Los principales municipios y el Congreso local han tenido protagonistas del PAN, del PRD y de Morena, pero el PRI ha mantenido el control político de forma ininterrumpida.

El origen de esta disputa se remonta al acuerdo suscrito con el gobernador priista Omar Fayad Meneses, dos meses antes del inicio del sexenio lopezobradorista. Morena y sus aliados habían logrado la mayoría en el Congreso local y bajo la conducción de Baptista González perfilaron una reforma que garantizaría el control del órgano de gobierno durante los tres años de la Legislatura. Una primera y definitiva acción para acotar al Ejecutivo hidalguense.

Los morenistas propusieron una agenda de reformas para el rediseño institucional pero Fayad se atrincheró. Para evitar una “parálisis legislativa” o una controversia constitucional, los priistas hicieron una contrapropuesta: entregar a Morena la presidencia de la Junta de Gobierno durante un año completo y en los subsecuentes dejar al PRI y al PAN ocupar ese espacio. A cambio, los diputados priistas en Hidalgo respaldarían la agenda legislativa de la Cuarta Transformación y votarían a favor las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.

Baptista González y la coordinadora de la bancada tricolor, María Luisa Pérez Perusquía fueron citados por el entonces diputado federal Zoé Robledo a una oficina de Polanco, en la CDMX, para suscribir las bases de un “pacto de colaboración”, que atestiguaron Fayad Meneses, Julio Scherer Ibarra, y Abraham Mendoza Zenteno, quien sería designado coordinador de los programas federales en aquella entidad.

Mantener la gobernabilidad en el Altiplano era un objetivo estratégico. Las acciones contra el robo de combustible y la reconversión de Tula estaban en ciernes. Y también, las acciones legales contra el Grupo Universidad.