Entre 2015 y 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó investigar a tres mujeres representantes de víctimas de masacres contra migrantes, como si fueran sospechosas de ser miembros de la delincuencia organizada, denunciaron colectivos de derechos humanos.

Las averiguaciones fueron contra Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia, que representa a las familias de migrantes desaparecidos; Mercedes Doretti, fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y pieza clave en la investigación por los 43 estudiantes de Ayotzinapa; y Marcela Turati, periodista mexicana especializada en desapariciones forzadas.

Entre las averiguaciones se registró el rastreo telefónico de mensajes y geolocalización de las tres mujeres durante más de un año, además, se incluyeron en la investigación de las autoridades mexicanas por el hallazgo en 2011 de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de presuntos migrantes en San Fernando, frontera noreste de México.

Las mujeres afectadas fueron protegidas por familias de víctimas mexicanas y centroamericanas, colectivos de migrantes, de derechos humanos y por el Comité para la Protección de Periodistas, además de representantes de la oficina de la ONU en México.

Después de un año de solicitar información sobre las indagatorias de las fosas a las que tenían derecho como abogados de las víctimas, Ana Lorena Delgadillo, detalló que fue hallado un tomo dedicado a investigación de ella, junto a Doretti y a Turati.

“Nosotros buscábamos que hubiera justicia, que no hubiera impunidad. Ojalá al crimen organizado y al Estado coludido con el crimen organizado lo investigaran con esa celeridad”, explicó.

La investigación contra las defensoras tuvo lugar durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, época en la que la fundación de Ana Lorena Delgadillo participó con la PGR en los casos de masacres más sonados en la historia recientemente de México.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Santiago Aguirre, recordó que los titulares de las agencias de investigaciones entre 2015 y 2016, son quienes están siendo investigadas por tortura y obstrucción a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.