Opacada por la disputa sobre la designación del fiscal especializado, cuyo nombramiento reclaman para sí un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, quedó una definición toral para el Sistema Nacional Anticorrupción: ¿es posible mejorar la capacidad institucional para medir la corrupción e identificar cuándo y dónde ocurre?

Y al igual que en otros países, en México las mediciones de corrupción actuales son inadecuadas para identificar el origen de la corrupción. El problema radica en que la mayoría de las estimaciones de corrupción están basadas en percepciones de corrupción más que en datos recopilados directamente en terreno. Por ejemplo, cada año, Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la Corrupción a partir de sondeos de analistas, empresarios y otros expertos en países de todo el mundo, que busca reflejar la incidencia real de la corrupción. Estos rankings están fundamentados en la premisa de que las percepciones reflejan la realidad, pero la experiencia demuestra que son susceptibles a la información de los medios e influenciados por estos mismos. Un sesgo que amplía la imprecisión.

En el 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó una encuesta que reveló que más de la mitad de las empresas mexicanas encuestadas informaba haber pagado un soborno para acelerar procedimientos comerciales. En función de esta encuesta, el Inegi estimó que el costo de la corrupción en el 2016 superaba los 80 millones de dólares. Pero nada más…

Los índices de percepción de la corrupción no pueden revelar la ubicación geográfica de dónde ocurre la corrupción ni ayudar a evaluar la eficacia de las políticas anticorrupción. Las encuestas de victimización de espectro amplio no identifican las prácticas corruptas, los culpables ni las redes de corrupción, y no ayudan a las agencias gubernamentales a enfrentar la corrupción en tiempo real.

En el 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el proyecto ME-T1351 para apoyar a México en su lucha contra la corrupción utilizando la innovación abierta. Así, el BID se asoció con el Laboratorio de Gobierno de NYU para apoyar a la Secretaría de la Función Pública de México en la identificación de soluciones innovadoras para la medición, detección y prevención de la corrupción en México usando la metodología de innovación abierta del GovLab llamada Crowdsourcing inteligente.

Entre sus recomendaciones están el establecimiento de alianzas público-privadas para utilizar fuentes de datos tanto públicas como privadas con el fin de mejorar su estimación, a la usanza de las colaboraciones de datos de Unicef. Y también el empleo de herramientas de búsqueda de código abierto MEMEX para búsquedas avanzadas en línea con el fin de mejorar la extracción de información relevante para revelar casos ocultos de corrupción en la contratación pública.

MEMEX es un programa de investigación iniciado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa estadounidense, cuyo objetivo es crear software para mejorar las búsquedas en la web y es ampliamente utilizado en el sector de seguridad pública de Estados Unidos.

También recomendaron desarrollar alertas para crear una herramienta de analítica predictiva que pueda revelar incidentes y patrones de corrupción y estimar la corrupción y sus costos en datos de contrataciones gubernamentales, en una tropicalización del modelo brasileño.

Tener un conjunto riguroso de mediciones sobre el fenómeno y sus daños es tan importante como la designación del nuevo fiscal anticorrupción o la implementación de las reformas legales en materia de rendición de cuentas.

A pesar de la activación del SNA, el sexenio peñista transcurrió con más pena que gloria en estas materias. Puede presumir de haber logrado la autonomía constitucional para el Coneval y la eliminación de la prohibición para la reelección legislativa y de las autoridades municipales, pero está pendiente la eliminación del fuero para parlamentarios y altos funcionarios públicos, además de la obligación de transparentar la declaración patrimonial, la información fiscal y la manifestación de interés para estos últimos.

Al BID pronto llegaría un mexicano de primera línea, para trabajar en estos temas y otros, como la implementación de procesos de reingeniería del gasto público, con enfoques de presupuestación base cero. ¿Sus iniciales? José Antonio Meade Kuribreña.

EFECTOS SECUNDARIOS

NOTIFICADOS. El ajuste dentro de la representación del magisterio es inminente. Y para quienes lo duden, allí está la toma de nota aparecida en el Boletín Laboral del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya presidenta, la magistrada Rosalinda Vélez, reconoció al comité ejecutivo nacional del Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE) que preside Carlos Jonguitud Carrillo. Dicha organización, con presencia en las 32 entidades federativas, tendría una membresía de casi medio millón de afiliados, entre docentes y trabajadores de apoyo. ¡Órale!

REALIDADES. Con la oposición de la mayoría de los rectores de la ANUIES, la administración entrante buscará extender la gratuidad de la educación pública hasta la universidad. Tal medida, por supuesto, va en detrimento de un importante sector empresarial dedicado a ofrecer educación superior de calidad, aunque en el sector oficial hay voces que creen que las mejores universidades son las públicas. Y acreditan tales dichos con recientes resultados, como el listado de las 1,000 universidades en el mundo, generado por la Shanghai Academic Ranking World Universities: la UNAM se ubica entre las 200 mejores y la UAM, entre las 900 mejores. ¿Qué tal?

DEFINICIONES. El PRD sumó a Miguel Ángel Mancera y Xóchitl Gálvez a su grupo parlamentario en el Senado de la República. Un bloque de ocho legisladores que serán coordinados por el exjefe del Gobierno de la CDMX. El mexiquense Juan Zepeda aceptó quedarse como vicecoordinador.