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Ley constitucional de Derechos Humanos CDMX pone en peligro el patrimonio


By VEME - 05/30/19 8:00 AM




Ley constitucional de Derechos Humanos CDMX pone en peligro el patrimonio

En un artículo de opinión publicado por El Universal el ex procurador Morales Lechuga señala que la nueva Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que entró en vigor en febrero,  fomenta la cultura del impago.

“Un gobierno que dice promover los derechos humanos destruye otros igualmente fundamentales como el derecho a la propiedad para entronizar privilegios de un grupo”.

El Artículo 60 de la citada Ley “constitucional” de Derechos Humanos otorga permiso para no ser desalojados y señala que:

Otorga permiso a “ocupar, invadir o no pagar renta (…) en favor de quien se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un desalojo judicial”, escribe el ex procurador.

Un propietario afectado por esta nueva ley no pueda gozar del derecho de rescatar su propiedad, es un paso hacia el aplastamiento de derechos fundamentales.

Permite que ante una invasión en una propiedad privada o ante el impago, no se ejecute el desalojo y que cualquier consecuencia corra a cargo del propietario.

Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales.

Las autoridades además deberán garantizar el adecuado realojamiento de las personas desalojadas cuando se determine que no tienen los recursos suficientes para encontrar un sitio donde vivir.

Además los propietarios de los inmuebles estarán obligados a pagar el impuesto predial, el servicio de agua y el de energía eléctrica, aunque el ocupante, invasor o arrendatario no lo pague.

El artículo añade que desde agosto se ha cerrado la ventanilla gubernamental para recibir manifestaciones de construcción y se han clausurado más de cien obras privadas, lo que ha originado más de 100 mil desempleados en esta ciudad, un descenso en la venta del cemento del 35% e incalculables pérdidas a 34 industrias que dependen de la construcción.

Con info de El Universal

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