Nada de borrón y cuenta nueva. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República —cuya deliberación en el pleno del Senado de la República es inminente— estipula, entre sus artículos transitorios, que las indagatorias de delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de su cargo que hayan sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, deberán continuar su curso correspondiente en la misma hasta su conclusión.

La sustanciación de los nuevos expedientes quedará a cargo de la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que también podrá atraer cualquiera de los casos cuyo trámite hubiese iniciado con anterioridad a la asignación de su gestión, cuando así lo considere pertinente su titular, que de acuerdo con lo que se comenta en casa de transición, será la doctora María de la Luz Mijangos.

El nuevo fiscal general de la República deberá tomar las riendas de la institución a más tardar dentro de cuatro semanas. Su nombramiento —pendiente desde hace cuatro años— se precipitaría, en caso de que el pleno de la Cámara Alta apruebe la Ley Orgánica antes de 10 días. En automático, el Ejecutivo federal enviaría una propuesta de candidatos elegibles, entre los que estarían los tres contemplados por AMLO, aunque los momios favorecen a Bernardo Bátiz.

A más tardar el 15 de diciembre, el nuevo titular de la Fiscalía General de la República ocupará el despacho principal del edificio más alto en la Glorieta de Insurgentes. Y antes del 30 de marzo del 2019 deberá haber designado a los fiscales especializados contemplados en esa normatividad: Mijangos, encargada del combate a la corrupción y José Agustín Ortiz Pinchetti, en la Fepade. Para el 31 de marzo, la Cámara de Diputados tendrá un plazo no mayor a 90 días para designar al titular del Órgano Interno de Control.

La promulgación de la nueva Ley Orgánica será el antecedente para que el Congreso de la Unión emita la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, pero su entrada en vigor quedaría aplazada hasta el cumplimiento del procedimiento previsto en el Apartado A del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A partir de su publicación se abriría una ventana de 20 días, para que el Senado de la República integre una lista de al menos 10 candidatos, que deberá remitir al Ejecutivo federal. Si el Ejecutivo no la recibiera, quedará en libertad de proponer una terna y designar provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva.

El fiscal general provisional podrá formar parte de la terna.

El Senado podría abstenerse de cumplir con el procedimiento contemplado en el texto constitucional y dejar que el Ejecutivo designase al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la respectiva terna.

Mientras, la Cámara de Diputados deberá contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la dependencia, cuyos primeros pasos serán guiados por un plan estratégico de transición.

La reconversión de la PGR se hará con pausas, sin prisas. El nuevo fiscal general contará con un plazo un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición, que priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, así como la reestructura y definición de los órganos administrativos y los sustantivos.

El plan será instrumentado por una Unidad de Transición y como mínimo comprenderá un diagnóstico, mapeo y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; así como la definición del plan de persecución penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal; la definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de resultados del proceso de transición, con base en criterios de gradualidad que consideren los tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas centrales y estatales, regiones geográficas u otros; y el despliegue de una estrategia respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio.

El nuevo fiscal general también tendrá un año, a partir de su designación, para emitir un Plan de Persecución Penal. Y a través de la Coordinación de Métodos de Investigación, con 18 meses para la expedición de los Lineamientos Generales que regulen la operación de la Base Nacional de Información Genética, así como su instauración.

EFECTOS SECUNDARIOS

RECTA FINAL. En menos de 48 horas habrá humo blanco en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A través del voto secreto, los magistrados elegirán a su nuevo presidente tras una contienda interna caracterizada por los golpes bajos, la intromisión de personajes ajenos al Poder Judicial y los pactos incumplidos entre los contendientes. En la víspera, Juan Luis González A. Carrancá, Rafael Guerra Álvarez y Carlos Vargas Martínez habrían declinado en sus aspiraciones, por lo que Manuel Díaz-Infante y el actual presidente, Álvaro Pérez Juárez, protagonizarían una carrera pareja donde la elegibilidad de este último se convirtió en uno de los ejes principales de la contienda.

@Aguirre_Alberto