Las comisiones de puntos constitucionales, justicia, y estudios legislativos del Senado aprobaron un dictamen que modifica la extinción de dominio, a fin de que el estado pueda quitarle los bienes a aquellas personas que hayan cometido actos de corrupción.

Las modificaciones a los artículos 22 y 73 señalan que el Ministerio Público presentará un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de la materia penal y las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación de coadyuvar en el auxilio del cumplimiento en la materia de extinción de dominio.

La extinción de dominio procederá sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentran relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por los servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos.

El senador Samuel García dijo que movimiento ciudadano irá favor de la propuesta y pidió que no se le quiten atribuciones a los estados, además de que la extinción de dominio debe aplicar en contra de los accionistas de empresas que pudieran participar en delitos inscritos, a través del lavado de dinero.

Los senadores apuntaron que se debe garantizar que toda persona que está inmersa en un procedimiento extinción de dominio se le garantice el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto a procedimiento.