El pasado 19 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan de gasto social de Joe Biden, que contempla la reforma migratoria.

Con 220 votos a favor y 213 en contra, el proyecto desechó el plan original de otorgar la ciudadanía a 11 millones de personas, sin embargo, los migrantes que llegaron antes de 2011 permanecerán cinco años en territorio estadounidense, con la posibilidad de extenderlo por otros cinco años.

La reforma permitirá ofrecer certificados migratorios con un costo de cinco mil dólares para un promedio de millón de trabajadores extranjeros con trabajos temporales.

El proyecto de ley también incluye la recuperación de visas, evitando que se pierdan alrededor de 222,000 visas familiares no utilizadas y 157,000 visas basadas en el empleo, que expiran al final del último año fiscal.

Se calcula que aproximadamente 6.5 millones de indocumentados se beneficiarían directamente de estos permisos de trabajo y protección contra la deportación, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

La ley abre la puerta para que aquellas parejas binacionales del mismo sexo puedan solicitar beneficios migratorios para los cónyuges indocumentados.

No obstante, quienes se oponen a la reforma intentaron sus últimos esfuerzos para descarrilar la medida en el Senado, bajo el argumento de que representa una amnistía sin medidas reales para reforzar la seguridad y aplicar las leyes vigentes.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su homólogo Joe Biden, se mostró muy receptivo ante la reforma migratoria y la idea de erradicar la desigualdad provocada por la corrupción.