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En México, pandemia agrava violencias que causan embarazos de niñas


By VEME - 03/3/21 9:15 AM



Fondo Semillas

Cada año más de 10 mil niñas menores de 14 años en México se convierten en madres. Las violencias sexual e institucional contra ellas se agravaron por el confinamiento y la saturación del sector durante la pandemia

VERACRUZ.- Desde hace una década en Veracruz unas 800 niñas y adolescentes se convierten en madres cada año. En este 2020, hasta el mes de septiembre, 510 niñas de entre 10 a 14 años de edad tuvieron un bebé. Muchas de ellas viven en condiciones de pobreza y el sistema de salud les niega la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar que son productos de un delito. En dos casos de unas niñas, los productos eran inviables porque tenían malformaciones, pero las niñas tuvieron que completar los nueve meses hasta el parto.

Veracruz ocupa el segundo lugar de embarazos adolescentes en México, la única región del mundo con una tendencia ascendente en esta problemática, sostiene Araceli González Saavedra, directora de Equifonía, una organización que acompaña a niñas víctimas. Durante 2020 dio acompañamiento en seis casos, que llevó ante la Fiscalía General del Estado. La gravedad de este problema se ha acentuado durante la epidemia de covid-19.

En tiempo de pandemia –señala González- se ha incrementado la violencia en contra de niñas y niños, incluyendo la violencia sexual, sin una respuesta pronta del sector salud.

“En uno de los casos, remitían a la niña indígena de una zona rural en extrema pobreza a un hospital que estaba a seis horas de donde está la niña para que le practicaran la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).Entonces es urgente que el sector salud mejore la atención, el flujo de atención que dan a estas niñas y es urgente que dé aviso en todos los casos a la Fiscalía. Nosotras, por ejemplo, de los casos que hemos acompañado ha sido a partir de la intervención de la Fiscalía como se ha podido garantizar que las niñas accedan a una interrupción legal del embarazo. Se ha tenido que llevar a las niñas a otros estados, como a la Ciudad de México”.

Involucramiento de autoridades

La activista explica que la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas han dispuesto de defensores jurídicos, de recursos para el traslado de las niñas.

”Al inicio lo hacíamos como Equifonía, hacíamos gestiones propias pero los más recientes han sido a partir de las gestiones hechas por la Comisión Ejecutiva Estatal, han dispuesto para el traslado de las niñas y para que sean atendidas con especialistas expertos que hay en CDMX”.

La organización canalizó un caso de segundo trimestre de embarazo, en el que el producto era inviable y, aun así, en el Sector Salud no le practicó la Interrupción Legal del Embarazo a la niña. En otro caso, continúa, el producto no presentó desarrollo del cerebro, era inviable y la opción que le dieron a la familia de la niña embarazada fue que tuviera el parto, que , que esperara expulsara al bebé y esperara su muerte que iba a ser inviable. 

“Por un lado está el discurso del sector salud y por otro lado está el servicio que otorgan a las niñas. Aún cuando hay personal operativo que tiene compromiso dentro del sector salud, que tiene la preocupación por mejorar la atención, requieren ser actualizados para el manejo de niñas o de incluso valorar la alternativa del aborto médico, que es con medicamentos pero que requiere dosis específicas. Lo que requieren es una inversión de recursos para atender estos casos de primero, segundo trimestres o incluso de tercero”.

“El personal de salud debe de ser actualizado en cuanto a estos procedimientos. Hemos intentado en diferentes momentos colaborar para poder impactar en cuanto a una mejora en la atención a estas niñas, la respuesta que nos dan es que ya están haciendo todo y que todo lo están haciendo bien”.

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, México se comprometió a erradicar el embarazo infantil para 2030 y disminuir el adolescente. El embarazo infantil es en niñas menores de 15 años, por lo que resulta urgente tomar medidas al respecto, advierte la activista.

De acuerdo con datos oficiales, en 2018 a nivel nacional hubo 10 mil 420 partos en niñas de entre 10 y 14 años; de estos, 805 se registraron en el estado de Veracruz, solo superado por el Estado de México donde hubo mil 70. En 2019 se registraron 776 y hasta septiembre de 2020 están registrados 510. Antes la tendencia era similar, en 2017, en Veracruz hubo 843 y en 2016 se registraron 873 casos de embarazos adolescentes.

Durante 2020, el Consejo Nacional de Población (Conapo) anunció que en los últimos cuatro años la tasa de embarazos adolescentes se redujo y pasó de 77 a 68.5 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad.

A pesar de ello, sin embargo, cada año en México más de 300 mil adolescentes entre 15 y 19 años se convierten en madres. La mayoría de estos embarazos no son deseados, y los casos de menores de 15 años podrían estar vinculados con abuso sexual.

Éste ha sido un problema constante en el estado durante los los últimos 10 años, comenta González Saavedra. Y pone un dato: hay un comparativo del Consejo Nacional de Población (Conapo) desde 1990 hasta la fecha, en el que solo hubo un descenso alrededor del año 91/92 y después nuevamente ha ido creciendo el número de casos de partos en niñas menores de 15 años.

Pederastía

La mayoría de los embarazos en menores de 15 es producto de pederastia, un delito que varía considerando la edad del agresor. El porcentaje de estas relaciones con niños y adolescentes de su edad es de apenas 2 por ciento, pero hay años en que no alcanza ni el 1 por ciento.

Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Araceli González responde que no se están reportando todos los casos, no están dando aviso a las fiscalías o procuradurías estatales para que puedan intervenir porque se está ante un delito.   

En Veracruz, las niñas llegan a consulta en el primer trimestre partiendo de la temporalidad que está establecida en el Código Penal para la causal de violación.

Pero no se está dando aviso en todos los casos a la Fiscalía. Incluso, el personal de salud pregunta a las menores su estado civil y consigna matrimonios, pese a que en México está prohibido el matrimonio en menores de 18 años.

Otro problema grave es que el personal médico no tiene capacitación para atender estos casos, donde la mayoría de las veces son partos vía vaginal incluso en niñas de 9 o 10 años.

Encubrimiento de victimarios

Equifonía trabaja desde el 2007 con la misión de facilitar procesos personales, sociales y políticos que contribuyan a la autonomía y libertad de los derechos humanos  de las mujeres, con especial énfasis en temas de salud reproductiva, una vida sin violencia e igualdad de género

El equipo está formado por dos psicólogas, dos abogadas, una socióloga, una licenciada en sistemas computacionales y administrativos, una química. Son siete mujeres feministas con trabajo previo en otras organizaciones y comprometidas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres

En la mayoría de los acompañamientos que han realizado en Veracruz, las personas responsables del embarazo de las niñas son personas cercanas a la víctima, padrastros, padres, familiares cercanos de la víctima. 

“En ninguno de los casos que hemos acompañado ha sido un desconocido, siempre es alguien cercano a la víctima”, dice Araceli González 

De acuerdo con lo observado por la organización, aproximadamente en la mitad de los casos, la madre sabe que su hija está siendo víctima de violación y también llega a proteger al agresor, e incluso las responsabilizan de la violencia en su contra.

“Hemos dado el acompañamiento jurídico, en todos los casos han identificado, ubicado y detenido al agresor o al probable agresor y se ha dado seguimiento con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que son quienes les nombran a un defensor y también se ha gestionado que las niñas puedan acceder a becas para que puedan continuar sus estudios”.

Normativa pendiente en Veracruz

En julio de 2020, la legisladora de Movimiento Ciudadano Ivonne Trujillo Ortiz propuso una iniciativa de Ley para reformar el artículo 154 del Código Penal del estado de Veracruz, para que no sea punible la interrupción del embarazo producto de pederastia.

El Código Penal para el Estado de Veracruz regula y sanciona la conducta delictiva de pederastia, así como también señala los supuestos en los que se pueda llevar a cabo una interrupción legal del embarazo sin responsabilidad, nombrados por el Código Penal en su artículo 154, cuatro causales de no punibilidad para el delito del aborto.

No obstante, la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” permite al personal de salud contar con un marco de actuación frente a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Es importante porque los servicios de salud representan una ventana de oportunidad para detectar en forma temprana, atender oportunamente, limitar los daños a la salud y rehabilitar a quienes sufren las consecuencias de la violencia.

Además la NOM-046-SSA2-2005 señala que el aborto médico es  “la terminación del embarazo realizada por personal médico, en los términos y plazos permitiros de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos”.

Mientras tanto, los municipios donde hay mayor número de casos de menores de edad embarazadas son Xalapa, Veracruz, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Córdoba, Coatzacoalcos, Coscomatepec, Poza Rica y Jaltipan.

La CDMX única opción

Araceli González es enfática: En las niñas embarazadas, las autoridades de Salud de Veracruz les están fallando en aplicar la Norma 046 y la Ley General de Víctimas, que establecen que las víctimas de violencia sexual deben recibir la Interrupción Legal del Embarazo.

En tiempo de pandemia –señala- hemos visto cómo se incrementa la violencia en contra de niñas y niños incluyendo la violencia sexual y no hay una respuesta pronta por parte del sector salud. En uno de los casos remitían a la niña indígena de una zona rural en extrema pobreza, a un hospital que estaba a 6 horas de donde está la niña para que le practicaran la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Entonces es urgente que el sector salud mejore la atención, el flujo de atención que dan a estas niñas y es urgente que de aviso en todos los casos a la Fiscalía. Nosotras, por ejemplo, de los casos que hemos acompañado ha sido a partir de la intervención de la Fiscalía como se ha podido garantizar que las niñas accedan a una interrupción legal del embarazo. Se ha tenido que llevar a las niñas a otros estados, como a la Ciudad de México.

Texto: Norma Trujillo Báez / Fondo Semillas

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