En julio pasado, una delegación del Gobierno Mexicano estuvo presente en Ginebra, Suiza, para la presentación del 9º informe de cumplimiento ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas.

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el instrumento internacional más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, adoptado en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981.

El Comité CEDAW reconoció los avances de México en materia legislativa y los esfuerzos emprendidos por el gobierno para garantizar la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el país, a través de la reforma de diversas leyes mexicanas y la elaboración de programas nacionales destinados a impulsar el adelanto de las mujeres. A su vez, expresó su preocupación en torno al contexto de violencia e inseguridad que se vive en el país, derivado de factores como la delincuencia organizada.

Por ello, el Comité formuló nuevas recomendaciones que servirán de base para las acciones y políticas que deberán emprenderse en materia de prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en los próximos años. En ellas se detallan acciones específicas en materia de empleo, educación, participación en la vida política y pública, trata de personas, violencia de género contra las mujeres, estereotipos, acceso a la justicia y salud.

Entre las recomendaciones, ahora disponibles en su totalidad en español, destacan las siguientes:

  • Reforzar la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada
  • Mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeresmediante campañas y actividades públicas
  • Derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y las niñas
  • Capacitar, de manera sistemática y obligatoria, a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados/as, agentes de policía y funcionariado público responsable de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas
  • Adoptar una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, y eliminar las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres
  • Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres

Educación y trabajo en igualdad de condiciones
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El Comité hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso de la igualdad de género, incluyendo aquellas enfocadas a la prevención del embarazo adolescente, lo que incluye ofrecer los servicios necesarios para que las jóvenes continúen sus estudios e imponer multas a las instituciones educativas que expulsen a las adolescentes embarazadas o dificulten a las madres jóvenes reintegrarse al sistema educativo.

Adicionalmente, el Comité recomendó mejorar las iniciativas que alienten la matriculación de niñas en disciplinas en las que tradicionalmente han predominado los hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

En el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos; intensificar los esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género, así como hacer cumplir las leyes de protección y promoción de las licencias de maternidad, incentivar a los hombres para que ejerzan su derecho a la licencia parental y agilizar la aprobación de la política nacional de cuidado para ofrecer servicios de guardería suficientes, accesibles y adecuados.

A lo largo del documento se pone de manifiesto la urgencia de garantizar los derechos de poblaciones en mayor riesgo de vulneración como la población LGBTI, las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres rurales, las defensoras de derechos humanos y periodistas, las mujeres migrantes y refugiadas.

En suma, las observaciones finales al Noveno informe de México respecto al cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ponen sobre la mesa el contexto de desigualdad y violencia de género que aún se vive en nuestro país, y constituyen una hoja de ruta para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas en México.