Desde el 2016 y hasta finales del pasado febrero, sus movimientos bancarios fueron revisados acuciosamente, lo mismo que sus relaciones con clientes, proveedores y contratistas. El reporte de actividades inusuales permitió identificar que Bufete de Proyectos, Información y Análisis —entre abril y junio del 2017— transfirió 47.9 millones de pesos a una de las empresas de Quintero Íñiguez, quien a su vez recibió medio millón de dólares de la publicista Martha Mejía.

Entre los sujetos solicitados para análisis por la dependencia encabezada por Santiago Nieto Castillo está Integra Metas Estratégicas, la razón social de Integra Consultores, la empresa de la exvocera calderonista, Alejandra Sota Mirafuentes. Hasta la semana pasada no se había identificado el vínculo con la trama financiera detrás de la campaña negativa contra AMLO.

La autoridad electoral —por mandato judicial— es la que más ha avanzado en las pesquisas. Una de las líneas de investigación surgió por el seguimiento de los promocionales colocados en autobuses públicos de CDMX en abril del año pasado, con imágenes del abanderado presidencial de Morena —con una banda tricolor sobre el pecho— junto con Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y Lula Da Silva.

La Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino detectó que unidades de las rutas 25, 42, 70, 76 y 80 portaron la publicidad. Y a través de una búsqueda en Alfred —su sistema de monitoreo— detectaron un micro, placas 0800097, cuya propietaria, Guillermina Pineda Salgado, informó que sin su consentimiento la unidad fue vestida con ese promocional sólo un día de junio del 2018. Y señaló como responsables de esa acción a José Otero Hernández y Yésica Otero.

Por escrito, Amazon México negó haber contratado la publicidad en los autobuses y refirió que la serie era distribuida a través de Prime Video Direct, un servicio a través del cual los creadores de contenidos deciden cuándo, cómo y dónde están disponibles sus creaciones, así como el periodo y método de disponibilidad. La División subió el Populismo en América Latina el 25 de junio del 2018 —72 horas antes de que cerraran las campañas presidenciales— y desde entonces fue accesible para los suscriptores de esa plataforma de streaming en el hemisferio.

Dos semanas después —el 13 de septiembre— y por esa misma vía, García Mata declaró: “Se trata de un documental de género cinematográfico que se elabora a partir de una investigación académica, testimonial y de campo (que) selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Aborda temas científicos, sociales, políticos y culturales (y) tiene como finalidad la divulgación audiovisual de un tema de interés global que aborda ejemplos de gobernanza en algunos países de América Latina. La difusión de la serie apela a la libertad de expresión por parte de sus autores para el conocimiento, entendimiento, alcances y comprensión de este fenómeno social”.

El realizador confirmó que a través de Piña Digital contrató la “exhibición de tipo integral” en autobuses urbanos de CDMX, entre el 20 de abril y el 19 de mayo del 2018, a la empresa UMP Cobertura e Imagen en Medios Publicitarios, que cobró 1.4 millones de pesos.

Esta última empresa detalló, a través de su abogada, Beatriz Bobadilla, que la publicidad se colocó en 100 camiones y que se pactó verbalmente con cada uno de los permisionarios. El pago, en efectivo.

“No existen elementos o indicios objetivos suficientes en el expediente que denoten que la publicidad de la serie o documental se desvió (sic) o manipuló para darle tintes electorales”, juzgaron los magistrados de la sala especializada, al resolver el expediente SRE-PSL-41/2018. Por unanimidad, descartaron acreditar la calumnia contra AMLO.

“Las posibles inconformidades que se puedan tener sobre el contenido del documental —las relacionadas por ejemplo con el derecho de autor, uso indebido de imagen o el formato de la contratación, por ejemplo— pueden ser analizadas a través de vías o acciones legales distintas a la materia electoral”, sentenciaron.

La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó esa sentencia y un acuerdo de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE, para que esa instancia —dependiente de la Secretaría Ejecutiva— “realice las diligencias necesarias para tener certeza sobre quién contrató la publicidad denunciada, los términos y condiciones en que se llevó a cabo la difusión y, en su caso, si alguno de los partidos políticos participantes en los procesos electorales locales o federales intervinieron en la propaganda”.

Entre éstas, pendiente la investigación por la difusión de un spot promocional de la serie, entre el 26 y el 28 de abril del 2018 en Cadena Tres —de Grupo Imagen—, Cablevisión y Cablemás Telecomunicaciones, ligada al empresario Alejandro Puente Córdoba.

En oficio fechado el 30 de octubre del 2018, la Sala Regional Especializada en materia electoral de CDMX requirió al SAT datos sobre las operaciones de dichas empresas de televisión restringida.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿EXPROPIACIÓN? La Red Nacional de Refugios se pronunció públicamente en contra de que la Secretaría de Gobernación asuma la rectoría de los refugios para mujeres víctima de violencia familiar y de replicar el modelo Puerta Violeta desarrollado en Chihuahua. Emplazó a las instancias federales a un diálogo para aclarar la ruta de acción de los esfuerzos oficiales.