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Desfondados en Durango


By VEME - 06/3/20 9:08 AM




SIGNOS VITALES

Alberto Aguirre

Al inicio de su gobierno, hace cuatro años, José Rosas Aispuro Torres designó como su secretario de Desarrollo Económico al empresario minero Ramón Dávila Flores y activó el Fondo Durango, un programa de financiamiento a corto plazo, dirigido originalmente a pequeños y medianos empresarios.

Sin más requisitos que acreditar “insuficiencia de liquidez de carácter personal” y más límite que los recursos autorizados por el Congreso local y canalizados por la Secretaría de Finanzas, empresarios de los 39 municipios de la entidad esperaban con ansias la convocatoria para este programa, incluso antes de la declaratoria de la contingencia sanitaria.

¿Subsidios o préstamos? Para el 2020, anunció Dávila Flores hace dos meses, los apoyos del Fondo Durango –hasta medio millón de pesos por cada unidad económica– serían para amortiguar el impacto del Covid-19. La única condición es que los créditos, pagaderos hasta a 24 meses, fueran destinados a “mantener las fuentes de empleo”. Aun sin el apoyo de la Federación, prometió el gobernador Rosas Aispuro, Durango habilitaría mecanismos de crédito a Mipymes sencillos y competitivos, fundamental para hacer frente a la contingencia sanitaria y lograr una rápida recuperación económica.

¿Financiamiento para micronegocios o para los aliados? Hace tres días, derivado de una filtración que el mandatario duranguense atribuyó a “intereses oscuros de personas que pretenden desorientar y desinformar” que ya tiene identificados, se hizo público el listado de beneficiarios del Fondo Durango correspondiente a la etapa 2, financiamiento Covid-19. Ninguno de los dirigentes de los organismos empresariales de la entidad quedó al desamparo del apoyo estatal.

¿Los más destacados? Mauricio Holguín Herrera, presidente de Canaco-Durango; José Miguel Castro Carrillo, padre del presidente del CCE en la entidad; y Miguel Ángel Reveles Pérez, presidente del capítulo local de la CMIC. El listado también incluye a funcionarios locales, entre ellos Bernardo Loera Carrillo, director de Desarrollo Regional en la Secretaría de Educación estatal; la directora de administración y finanzas del ayuntamiento capitalino, María José Santiesteban; la hermana del alcalde, Liliana Salum del Palacio y José Gerardo Oliva Guerrero, hermano de la vocera estatal…

El monto de esta ampliación del Fondo Durango resultaría insignificante para el tamaño del escándalo y que empeoró, por el mal manejo de la crisis. El Sedecogate descolló hace una semana, sin que se conociera la lista de beneficiarios, y desde entonces algunos de los implicados declinaron de los apoyos. Tras el desconcierto inicial, Dávila Flores apuró una voluntaria “separación del cargo” para dar paso a la investigación que ofreció su jefe.

¿Tráfico de influencias? ¿Conflicto de intereses? Rosas Aispuro aclaró que los apoyos son “créditos que los beneficiarios tendrán que pagar, no son dádivas para nadie”.

Efectos secundarios

POLVORÍN. A medio gas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México incursiona en la nueva normalidad, con pocas operaciones de las líneas nacionales, la reanudación de los trabajos de ampliación de la Terminal 2 y reclamos contra el titular de ese organismo, Jesús Rosano. Hace unos días los empleados del AICM se manifestaban para reclamar equipos de protección, tras del deceso de un bombero del servicio de emergencias. Antier, empleados sindicalizados que reclamaron el pago de utilidades entorpecieron, tomaron los pasillos de la T1 y bloquearon accesos a la instalación. Esas protestas fueron exitosas. Pero los problemas persisten: muchos locatarios cerraron sus puertas en ambas terminales del AICM –que operan a una décima parte de su capacidad– sin que les condonaran las cargas rentísticas de bienes que estuvieron impedidos en usar y ahora están siendo presionados para aceptar incrementos de rentas en plena tragedia internacional de la aviación. Y pronto se sumarán los taxistas a las protestas.

ATORADOS. El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, no pudo comparecer ante legisladores de los partidos políticos, por la determinación del PAN de ausentarse de esos ejercicios de rendición de cuentas hasta que Hugo López-Gatell se disculpara con la senadora Alejandra Reynoso. Mientras llegaba esa disculpa, los parlamentarios blanquiazules hicieron un extrañamiento a la presidenta de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, por no haber impendido las pendencias del subsecretario. Sin dilaciones, ahora quieren que los funcionarios de la 4T acudan a la Comisión Permanente, a comparecencias presenciales “sin que éstos busquen protegerse detrás de una pantalla”, pero Fernández Balboa se opone a reabrir la sede del Senado, mientras siga la Ciudad de México en rojo en el semáforo epidemiológico. Regresar al salón de plenos, insisten los opositores, permitirá al Congreso de la Unión continuar con su obligación constitucional de representación popular, mantener el respeto al Pacto Federal en esta situación inédita y principalmente cumplir con sus funciones de contrapeso al Poder Ejecutivo.



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