Consulta “indígena” fast track sobre megaproyectos en el Istmo

El gobierno federal publicó la convocatoria de la consulta indígena sobre el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. En un procedimiento fast track, ignorando a los estándares internacionales de este derecho fundamental de los pueblos indígenas, la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) implementarán otra consulta al vapor.

Esta consulta sobre el corredor transístmico y otros proyectos relacionados con la Zonas Económicas Especiales de Salina Cruz y Coatzacoalcos se realizará el 30 de marzo, de forma simultánea en cinco comunidades y en otros tres el 31 de marzo. Están convocados a participar los pueblos indígenas Binnizá (Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots (Huave), Chontal, Chinanteco, Mazateco y Mixteco en Oaxaca, así como los pueblos Popoluca, Náhuatl y Chinanteco en Veracruz. Inmediatamente después de la consulta se emita la licitación para rehabilitar las vías férreas ubicadas entre Medias Aguas y Salina Cruz, lo que se tiene contemplado para el 1 de abril, dio a conocer Rafael Marín Mollinedo, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE (AFDZEE) y Corredor Interoceánico.

Cabe recordar que en febrero, Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, comunicó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tiene que cumplir con los estándares internacionales de la consulta indígena en cuestión de megaproyectos en sus territorios. Y el profesor de la UNAM Carlos Fazio explica que los trenes Transísmico y Maya, las Zonas Económicas Especiales, y proyectos petroleros o de electricidad son una continuidad con la geopolítica de Estados Unidos que busca el control de recursos esenciales de toda América del Norte.

En relación con el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente, de buena fe, de manera adecuada al caso, a todos los niveles, con miras a alcanzar un acuerdo, y por conducto de sus instituciones representativas, la OIT señaló que se debe hacer una diferenciación conceptual entre un acto de consulta, conforme al convenio, respecto de cualquier acto de consulta nominal, información o audiencia realizados por las autoridades públicas. Y anotaron, que para ser adecuada, la consulta debió realizarse sobre criterios objetivos, razonables y verificables de representatividad, y que el tamaño de la población eventualmente afectada no puede ser pretexto para que la convocatoria se realice de forma arbitraria y no razonada.

Con info de La Jornada y https://educaoaxaca.org