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Un pueblo que lucha para que no le sean arrebatadas sus tierras 


By VEME - 09/25/18 12:43 PM



Foto: Facebook I @consejoregionalPueHgo

En el pueblo otomí de Chila de Juárez, existen grandes cultivos, donde muchas familias se levantan diariamente con el objetivo de cuidar sus maizales ya que es su fuente principal de alimentación, además de que les sirve para tener una pequeña ganancia que les ayuda a sobrevivir durante un año completo.

Doña Maura, una mujer, que se encarga de labrar la tierra para cultivar maíz y cacahuate afirmó que: “También vendemos lo poco que sobra… Nuestra tierra es muy valiosa, por ella comemos, por ella sembramos y sin ella no podemos seguir”.

Estas comunidades esperan con ansia que lleguen las lluvias, para que su plantío crezca y se dedican a revisar con mucho cuidado cada detalle de sus hojas para que no haya ninguna plaga. Esta debería de ser la preocupación principal de estos pueblos, sin embargo desde el año 2015 las cosas cambiaron y ahora están luchando para que no se les sean arrebatadas su tierras.

La empresa TransCanada en noviembre del 2015, ganó una licitación otorgada por la Comisión Federal de Electricidad, para construir un gasoducto con el nombre de “Tuxpan-Tula”. El proyecto consiste en un sistema de 250 kilómetros que transportará 886 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente, a través de: Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de MéxicoEsta ruta les presenta un problema muy grande a las comunidades, debido a que, para la construcción de Tuxpan-Tula se necesita excavar una gran parte de su cultivo.

Muchos empleados de TransCanada han visitado a estas tierras y visitado a sus habitantes, con el objetivo de convencerles de entregar las escrituras de su casa y terreno a cambio de dinero, pero nunca les especificaron cuánto. Desde el principio, muchos de ellos se negaron. Ahí fue cuando las cosas empeoraron, y empezaron a recibir amenazas de parte de los empleadores que les decían que esto va a pasar sin importar cuánto luchen. 

Sin embargo, esta empresa no se ha dado el tiempo para analizar los problemas que podría causar su proyecto, y a cuántas personas terminarían afectando. Según afirman, el ducto pasará por casas, sembradíos, manantiales y cerros que son considerados sagrados para algunos pueblos indígenas.

Por lo que se apunta que en total: 465 comunidades terminarán afectadas, con un total de 260 mil personas aproximadamente, según las estimaciones del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

A raíz de este acontecimiento, varias comunidades de la Sierra Norte de Puebla decidieron responderles y un año después se formó el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo. Con esto descubrieron que, el gobierno está obligado a realizar un estudio antes de aprobar una construcción como esta, para investigar sobre los posibles peligros para los habitantes y el medio ambiente que esto pueda presentar.

El abogado Raymundo Espinoza Hernández, asesor legal de este consejo, afirmó que, pese a esto, la Secretaría de Energía minimizó su impacto real, y “no mencionó la necesidad de despojar a miles de personas de sus hogares”.

Hasta ahora lo que se ha logrado con esta lucha legal, solamente ha sido retrasar la construcción, que se pretendía inaugurar a principios de este año; se han tramitado cuatro amparos para evitar que TransCanada entre a Chila de Juárez y a otras tres comunidades de Puebla e Hidalgo.

Sin embargo, Espinoza cree que será muy difícil ganarle a TransCanada, y que lo más seguro es que seguirá invadiendo estos terrenos, además de que habrá una mayor presencia de la Secretaría de Energía en las comunidades.

“Al gobierno mexicano no le importan sus comunidades indígenas, prefieren actuar como facilitadores para compañías extranjeras, aunque eso implique sacrificar a uno de los sectores más vulnerables. Se aprovechan de la ignorancia y de la necesidad”.

Algunos de los habitantes de Sierra Norte de Puebla y Sierra Hidalguense, afirman que la compañía se ha vuelto más insistente con las familias que se niegan a cooperar, y que ahora se dirigen a ellos de manera agresiva exigiéndoles que les entreguen los papeles de sus terrenos a cambio de dinero.

“Los aterrorizan para dividir a las comunidades, argumentando que otros pueblos ya han negociado, y les conviene negociar con nosotros”.

La desesperación de los pueblos ha crecido, un ejemplo sería la comunidad vecina de San Pablito, que intentó linchar a algunos empleados de la compañía canadiense y de la Secretaría de Energía cuando descubrieron que entraron al pueblo fingiendo ser turistas. Sin embargo, no todos reaccionan de esta manera, y prefieren solucionar este problema por la vía legal, sin recurrir a la violencia.

Información: revistaProceso

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