Las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, junto con la abrogación de la Ley Federal de Reforma Agraria, cancelaron el reparto agrario, y forzaron el triunfo de la lógica liberal en el sentido de que la tierra, antes que un derecho, es una mercancía.

Este 23 de octubre, el senador de Morena Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que contempla la abrogación de la actual Ley Agraria y la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario.

La iniciativa de reforma presentada por Monreal tiene como fin armonizar las disposiciones legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales.

Enuncia derechos de los pueblos originarios contenidos en diversos convenios y tratados internacionales. También flexibiliza favorablemente los procedimientos para el nombramiento de representantes agrarios en ejidos y comunidades pertenecientes a pueblos indígenas (artículos del 33 al 35 de la iniciativa). Abre la posibilidad de designar herederos en cotitularidad (artículo 108, fracción IV).

Su propósito central es reforzar los mecanismos para la privatización de las tierras ejidales y comunales y la destrucción de la propiedad social, así como la armonización del contexto legal agrario. Se trata, en los hechos, de una nueva reforma estructural neoliberal que convalida el poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y minera por encima de cualquier otra.

Organizaciones campesinas expresan su preocupación

Miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones campesinas expresaron su preocupación por la iniciativa de ley agraria.

En un primer análisis de la iniciativa que el título seis de la misma es la parte más peligrosa para la vida y existencia de los ejidos y comunidades, ya que plantea que aporten sus tierras en asociaciones con inversionistas privados, que las transformen en acciones tipo T y que celebren contratos que impliquen el usufructo de la tierra ejidal por terceras personas.

Consideran que las sociedades mercantiles por acciones no deben tener derecho a poseer tierras de uso agropecuario y forestal, mucho menos las de uso común. “Con esta iniciativa olvidan que las tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha armada, hace ya cien años, y que no sólo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ahí existen. Son territorio donde vivimos, donde recreamos nuestras culturas y nuestra convivencia como comunidades y pueblos mexicanos”, mencionan los afectados.

Preocupa también a otras organizaciones que ese título cuatro, combinado con el primero de la iniciativa, facilite que empresas trasnacionales y empresarios se apropien, en los hechos, de los recursos con que todavía cuentan los ejidos y las comunidades.

Con info de La Jornada