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Amnistía Internacional alerta de mayor militarización con AMLO


By VEME - 04/7/21 11:39 AM




En lugar de cumplir su compromiso de devolver a las fuerzas armadas a sus cuarteles, López Obrador ha ampliado el papel de estas fuerzas a la aplicación de la seguridad pública hasta 2024, y les ha confiado proyectos importantes como la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México y un controvertido tren turístico que conecte las ruinas mayas. El gobierno también ha desplegado a las fuerzas armadas para ayudar en la respuesta de México a la pandemia de COVID-19 y ha anunciado planes de entregar el control de los puertos y aduanas al Ejército y la Marina.


El gobierno federal desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, reportó Amnistía Internacional.

En su informe 2020/21 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, refirió que en mayo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que permite el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024.

El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas”, estableció el organismo.


El gobierno reaccionó a la pandemia de Covid-19 con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro. Aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres, reportó Amnistía Internacional.

Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”, resumió.

El año pasado se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres, de los que 969 fueron investigados como feminicidios.

Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260,067 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197,693 en todo el 2019.

Aunque debido a las protestas sociales el gobierno federal desistió de aplicar medidas de austeridad, entre otras el recorte del gasto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, detalló, el Instituto Nacional de las Mujeres redujo en julio 75% de su presupuesto operativo (151 millones de pesos).

“El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”, dice el estudio.

Al finalizar el año, 21 “alertas de violencia de género contra las mujeres” seguían vigentes en 18 entidades federativas del país, precisó, y “no había ninguna señal de que estos mecanismos hubieran reducido la violencia de género’’, precisa.

Destacó que las restricciones asociadas al Covid-19 afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en la región, y que México fue “el país más mortífero del mundo para periodistas en 2020.

“Continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año”, señaló el reporte.

“En mayo se tuvieron noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, estaba involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno. La campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos”.

Bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo fideicomiso se disolvió en octubre y sus fondos pasaron al presupuesto público general, 1,313 personas pudieron mantener medidas de protección: 887 defensores de los derechos humanos y 426 periodistas.

Ya el año pasado Amnistía apuntaba que la nueva Guardia Nacional de México está rompiendo su juramento de respetar los derechos humanos

Se suponía que la Guardia Nacional, fundada el año pasado, iba a terminar con el enfoque militarizado de la seguridad pública que había causado la muerte de unas 200.000 personas y la desaparición de decenas de miles durante los dos últimos gobiernos de México. Durante la inspección de un cuartel en febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que era una “nueva institución importantísima para garantizar la paz, pero sin excesos, sin autoritarismos, respetando los derechos humanos”.

El Economista y Amnistía Internacional