Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que la declaratoria de “seguridad nacional” a Megaproyectos de la 4T obstaculice el ejercicio de la transparencia; esto, ante las críticas que señalaban el decreto como una medida para “no rendir cuentas”.

“No tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas (…) Aclarar que es un acuerdo y que todos tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción”.
El mandatario aseguró que el “acuerdo interno” es únicamente “para agilizar trámites”, de tal manera, explicó, que las obras no se detengan por trámites burocráticos.

“Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé tiempo para presentar toda la documentación (…) Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras”, expresó en su conferencia matutina.

En ese tenor, Jefe del Ejecutivo calificó a las compañías que trabajan y coordinan sus obras insignias de regirse por “principios de protección al medio ambiente; de justicia; de honestidad”: “Se le tienen que dar facilidades y se les tiene que tener confianza”, reiteró.

Decreto


En la noche del lunes 22 de noviembre, Andrés Manuel emitió un decreto con el que los megaproyectos y demás obras de infraestructura (tales como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o Refinería de Dos Bocas) se declaraban de interés público y seguridad nacional.

Esto significa que las dependencias de la Administración Pública Federal serán instruidas para “otorgar la autorización provisional la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras.

Dicha autorización, se detalla, contará con una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión; periodo en el cual las compañías deberan obtener la definitiva, conforme a las disposiciones aplicables.

Lo anterior se realizó amparado por diversos artículos de la Constitución Política, como el numero 26, el cual establece que el estado tendrá a su cargo un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.

Reacciones

Por su parte Gustavo de Hoyos criticó el decreto de AMLO y declaró que “Orden presidencial mata legalidad”.

Lo anterior, en el contexto del artículo segundo, el cual establece que la autorización provisional que otorgan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.