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Consignas para el sector salud


Alberto Aguirre - 10/8/19 9:15 AM




SIGNOS VITALES

La promesa del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar está lejana en el horizonte de promesas cumplidas de la Cuarta Transformación. Los esquemas de mejoría al aparato sanitario que ofrece el gobierno federal inevitablemente han quedado bajo el arbitrio del equipo de la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, suspicaz ejecutora de la política de austeridad ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La autoridad hacendaria —más que la sanitaria— estuvo detrás del rezago en la licitación de las compras consolidadas y su inevitable consecuencia, el desabasto de medicamentos. Acabar con las redes de corrupción en esas etapas era una acción necesaria, antes de ejecutar las instrucciones presidenciales.

La regulación de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, previo a su entrada al mercado, es tarea de la Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios. Su titular, José Alonso Novelo Baeza, había expresado públicamente difidencias a los representantes de la industria farmacéutica mexicana. ¿Y con los fabricantes foráneos?

El establecimiento del marco regulatorio es tarea de los parlamentarios. Y en la Cámara de Senadores, el legislador morenista —presidente de la Comisión de Salud— se ha erigido en una de las voces más autorizadas. Con su firma ingresó una propuesta para el mecanismo de vinculación entre registros sanitarios y las patentes que se tramitan ante el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual.

Enfrente está el senador panista Gustavo Madero, quien canalizó las inconformidades de los representantes de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéuticas y también de altos funcionarios de la Secretaría de Economía por la iniciativa de Navarro Quintero, pues a su juicio limitaría la innovación y las inversiones en el sector.

El senador —exalcalde de Tepic y excandidato de Morena a la gubernatura de Nayarit— también propuso una reforma a la Ley General de Salud que impone mayores requisitos para acreditar la seguridad y la eficacia de los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos durante su vida en el mercado. Si ese ordenamiento es aprobado, los titulares de los registros sanitarios deberán mantener vigentes el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación tanto del sitio de manufactura como del fabricante, así como el Reporte Anual de Producto.

Confianza, con prudencia, ofrecen las autoridades sanitarias. ¿Y obediencia sin discusión? Ante las expresiones públicas de los principales funcionarios del sector —sobre todo, las comparecencias de los titulares de SSA, IMSS e ISSSTE en comisiones legislativas—, representantes de la industria farmacéutica han decidido sacar bandera blanca.

“El respeto a las normas vigentes es un asunto legal, pero también un imperativo moral”, refieren, “estamos en la mejor disposición de apoyar los programas gubernamentales.

“Buscamos acercamiento, comunicación y trato parejo. Y queremos ser parte de la solución de los problemas de salud del país”.

EFECTOS SECUNDARIOS

CONEXIONES. El presidente del Inegi, Julio Santaella, acudió ayer a la sede de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, levantada el año pasado. En el cúmulo de información generada, destaca la identificación de los factores que más afectaron la operación de las empresas: el incremento en los costos de operación (22.4%), la inseguridad y la criminalidad (19.3%), el costo del financiamiento (16.4%) y la falta de financiamiento (15.8 por ciento).

¿REBASADOS? Desde Palacio Nacional están claras las prioridades, en el desahogo de la agenda en el tramo en curso del segundo año de la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión: la consulta popular y la revocación del mandato, está en la cúspide. Empero, hay una notificación de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga al Senado de la República a modificar o derogar los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, por estimarlos violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

¿MUDANZA? La Ciudad Judicial que Miguel Ángel Mancera quiso erigir en la colonia Doctores será una evanescencia más de la Cuarta Transformación. Y con la autorización del pleno del Consejo de la Judicatura de la CDMX, el oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Fuentes Granados, se apresta a poner en marcha un programa de reordenación inmobiliaria que llevará a los magistrados y al aparato administrativo alojados en los edificios de Juárez y La Viga a mudarse a la Torre Patriotismo, por el que deberán erogar 14.5 millones de pesos mensuales. La asociación México Justo afirma que no se están contemplando gastos inherentes al cambio, como lo son la mudanza o la recisión anticipada de los contratos.

SOSPECHOSISMOS. En Aguascalientes, las tensiones políticas entre panistas tienen un nuevo campo de batalla. La semana pasada, el gobernador Martín Orozco Sandoval presentó en el Congreso estatal una iniciativa para eliminar el fuero. Sin embargo, por extraño que parezca, un legislador de su mismo partido detuvo en comisiones la aprobación de este cambio…¿Acaso será por su cercanía con la alcaldesa de Aguascalientes?

DILACIONES. Los taxistas organizados de la CDMX y el Estado de México apelaron a la Ley de Inversiones Extranjeras para combatir a las compañías digitales que les hacen competencia desleal y por eso —argumentó el gobierno capitalino— la negociación se fue al Palacio de Covián. ¿Acaso también tendrá que entrarle el subsecretario Ricardo Peralta a la atención de las empresas tecnológicas que rentan patines y bicicletas, quienes han buscado amparos ante lo que consideran excesos de la Secretaría de Movilidad? Entre otras cosas, se cuestiona que el secretario Andrés Lajous se extralimita con muchos avisos y acuerdos publicados en la Gaceta Oficial. Pero lo que más llama la atención es que todos esos amparos de empresas como Bird, Lime y Movo han sido canalizados al juzgado décimo, a cargo del juez Francisco Migoni Goslinga, quien ha negado la suspensión en todos los juicios, además de posponer ya en varias ocasiones la audiencia constitucional correspondiente.



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