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El inhumano caso del discapacitado Arturo


Manuel ® Ajenjo - 10/8/19 9:05 AM




EL PRIVILEGIO DE OPINAR

Manuel ® Ajenjo

El tema de esta columna ha sido comentado y publicado por Libertad Hernández, de la página de internet ‘Dis-capacidad’, y por la periodista y activista en pro de los derechos de los discapacitados, la admirable Katia D’Artigues, en la plataforma ‘Yo También’ de ‘Newsletter’. Sin embargo, como padre de un joven en condición asperger —modalidad del espectro autista—, siento el caso de Arturo Medina Vela, como algo propio, motivo por el cual hago causa común con la organización civil no lucrativa Documenta, formada por un grupo de mujeres y hombres jóvenes, interesados en fortalecer el respeto y protección de los derechos humanos en nuestro país, que fue la institución que a través de su directora, María Sirvent, presentó el caso al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En septiembre del 2011 el joven en condición de discapacidad, Arturo Medina Vela, de 21 años de edad, fue detenido en una calle de la colonia Morelos, de esta capital, por policías que lo acusaron del robo de un automóvil, aunque Arturo no sabe manejar. Además, no había denuncia alguna por el hurto del vehículo que ni siquiera fue robado. ¡No había delito qué perseguir!

Con Arturo detuvieron a otros cuatro jóvenes no discapacitados, que no tuvieron problema para defenderse. Lograron su inmediata libertad. En cambio la condición neuroatípica de Medina Vela provocó que se estresara; se asustó tanto que no pudo articular palabras para defenderse.

El Juez Noveno Penal de la capital del país, mediante un examen médico, le impuso el carácter de inimputable-inculpabilidad. El artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México señala que hay causas de inimputabilidad cuando “al momento de realizar el hecho, el ejecutante no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de éste, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, de ser así, al inimputable el sistema de justicia le impondrá una medida de seguridad”. El catálogo de medidas de seguridad señaladas en el artículo 31 establece aplicar dos opciones: una es un tratamiento de internación y medicación en una institución adecuada para su curación y la otra es entregar el sujeto a sus familiares para que ejerzan su tutelaje. Aun en el supuesto de que Arturo hubiera cometido el delito por el que falsamente se le acusó, al tener la índole de inimputable e imponérsele una “medida de seguridad”. Ésta, según el mismo código, “está prohibida de ejecutarse en instituciones de reclusión preventiva o de ejecución de sanciones penales”. No obstante lo que mandata la ley, el juez le impuso una “medida de seguridad” de reclusión, inapelable, por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (CEVAREPSI) adjunto al Reclusorio Sur; un lugar donde llevan a varones con discapacidad intelectual o psicosocial para ser medicados de manera forzosa en busca de una rehabilitación que, en el caso de Arturo, es imposible puesto que para su condición no existen fármacos y ésta es de por vida.

Lo que siguió fue un calvario para la señora Judith Vela, madre de Arturo: “Me decían que me hiciera a la idea de que a mi hijo no me lo iban a entregar, que era más fácil que él hubiera asaltado un microbús con una pistola porque entonces me lo entregaban en tres meses, pero por ser discapacitado lo iban a tener que meter en una medida de seguridad que no se apela”. Una funcionaria del Reclusorio Sur se atrevió a decirle: “Nosotros no te vamos a entregar a tu hijo, mejor vete a ver a la señorita Laura y tal vez si haces mucha presión mediática en un programa de ella es probable que te lo entreguemos”.

En 2014, la familia de Arturo inició un contacto con la organización Documenta, quien a través del Programa Discapacidad y Justicia, trató de ayudar a los Medina Vela. Se unieron a la causa la abogada Eunice Leyva y la directora María Sirvet, sin que lograran modificar el criterio penal que priva de sus derechos humanos a las personas con discapacidad a las que un remedo de justicia considera inimputables.

Arturo fue puesto en libertad el 14 de septiembre del 2015. La organización Documenta presentó el caso ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU. La respuesta llegó hace apenas unos días después de que el Comité recibiera la contestación del Estado mexicano sobre la denuncia.

Fue el pasado 1 de octubre cuando se reunieron Arturo Medina Vela, su mamá la señora Judith y la señora María Sirvet con Jan Jarab, representante en México del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para pedirle al gobierno mexicano que a través de la Subdirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en un plazo no mayor de seis meses, dé respuesta al dictamen de la CDPD el cual implica reformar la legislación sobre la figura de la inimputabilidad, se plantea desaparecerla, y generar alternativas ajustadas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Algo que quedó muy claro en la reunión con el representante de la ONU fue que el Estado mexicano debe una disculpa y la reparación del daño a Arturo Medina Vela. Sería un necesario acto de justicia.



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